Se estimó que el actuar del acusado fue sobre seguro, al agredir de gravedad a una persona que ya había sido reducida por terceros. Asimismo, la magistratura consideró que el encartado no puede desconocer su dolo homicida, si luego del hecho, procuró ocultar evidencias y que los copartícipes omitieran declarar su participación en el mortal ataque.
El delito de robo con homicidio requiere para su configuración la concurrencia de dos injustos distintos, a saber, uno contra la propiedad (robo) y otro contra la vida (homicidio), los que al concurrir en un caso específico forman un todo indivisible que origina un nuevo ilícito, cuyas características propias dan cuenta de una sustracción agravada por el hecho de dar muerte a la víctima, ya sea para facilitar la primera o para lograr su impunidad.
No solo la accionada ha acreditado haber implementado y mantenido varios y rigurosos sistemas de control en el proceso de elaboración del producto cuestionado, sino que en autos hay fuertes indicios que permiten tener por cierto que la alteración del contenido del envase se produjo fuera del establecimiento de la accionada.
La testigo afirmó que el acusado se encontraba ebrio y drogado, condición que lejos de justificar su conducta, puede explicar, al menos, lo errático de su proceder.
Existe una insuficiencia probatoria para la condena que expone la vulneración, por parte de la sentencia impugnada, de la presunción de inocencia, al no tener en cuenta que el acusado incurrió en un error de tipo vencible provocado por las circunstancias descritas, lo que, con independencia del acto sexual que se da por acreditado, impide apreciar la concurrencia de una conducta dolosa, pues la prueba conduce a tener por acreditado el desconocimiento por el acusado de ese elemento sustancial del tipo.
El hecho es de gravedad suficiente para determinar el despido dado que la causación de daños intencionados para que el producto no pueda ser objeto de reparación y así favorecer al cliente, entraña un intento de fraude manifiesto al seguro y una conducta no admisible para el empleador, resuelve tribunal español.
Si no se probó que el imputado -también con discapacidad intelectual-conocía de la discapacidad cognitiva de la víctima, no hay dolo, por lo que no se cometió delito alguno, refiere el voto en contra.
El comportamiento vejatorio, humillante y brutal, causante de esos daños psíquicos acreditados, no era necesario para asegurar la muerte, sino que solo sirvió para aumentar deliberadamente el sufrimiento que durante su larga agonía padeció la víctima.
El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.
Quien plantea un recurso de casación debe indicar la ley que denuncia como vulnerada y que ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia cuya anulación persigue.
La configuración normativa del tipo penal exige que las afirmaciones proferidas, para poder ser calumniosas, diverjan de la realidad, lo que debe reflejarse necesariamente en el relato fáctico.
