Los Estados demandantes, respaldados por fiscales generales de otras jurisdicciones y varias organizaciones de derechos humanos, alegaron que la medida viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda establece que todas las personas nacidas en el territorio de los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.
Los actores solicitan al tribunal que suspenda las actividades de DOGE, ordene la publicación de sus registros y prohíba a la administración Trump implementar las recomendaciones del comité hasta que cumpla con los requisitos de la FACA.
El informe aclara que, conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente. No obstante, señala que las pruebas recopiladas eran, a juicio de la Fiscalía, suficientes para sustentar una acusación y obtener una condena en juicio.
La cuestión jurídica planteada dice relación con la extensión de la inmunidad que protege a un presidente en funciones frente a procesos penales, si puede extenderse a un presidente electo durante el período de transición. El tribunal de primera instancia rechazó esta interpretación, argumentando que la inmunidad presidencial no aplica fuera del ejercicio formal del cargo.
El caso se originó en 2024, cuando un gran jurado declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La fiscalía presentó pruebas que sostenían que los pagos realizados por Trump formaban parte de un plan para suprimir información que podría haber perjudicado su campaña electoral de 2016.
Rechazó el argumento de Trump de que la demanda por difamación no estaba basada en la presunta agresión sexual, sino en declaraciones posteriores. El tribunal interpretó que una acción puede considerarse “basada en agresión sexual” siempre que derive de los hechos relacionados con dicha conducta, independientemente de la tipificación de la demanda.
El caso será revisado por la Corte Suprema, que ha programado la audiencia de argumentos orales para el 10 de enero de 2025. En esta instancia, se determinará si la ley de desinversión contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y si las medidas adoptadas son proporcionales a los riesgos invocados por el gobierno.
El acuerdo extrajudicial incluye, además de un pago pecuniario de 15 millones dólares, la publicación de una nota del editor en la página de la entrevista original, con una disculpa por las declaraciones que se expresaron incorrectamente. De este modo, las partes pusieron fin al litigio.
Los procesos pueden interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, el fiscal solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio de que puedan ser retomados en el futuro si las circunstancias lo ameritan.
La aprobación de la ordenanza se da en respuesta a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera.
El documento judicial presentado por el Departamento de Justicia sostiene que el presunto complot formaría parte de un conjunto de actividades atribuidas a servicios de inteligencia extranjeros, en este caso Irán, que, según las autoridades estadounidenses, representan una amenaza para la seguridad y los intereses nacionales.
