El acuerdo extrajudicial incluye, además de un pago pecuniario de 15 millones dólares, la publicación de una nota del editor en la página de la entrevista original, con una disculpa por las declaraciones que se expresaron incorrectamente. De este modo, las partes pusieron fin al litigio.

Los procesos pueden interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, el fiscal solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio de que puedan ser retomados en el futuro si las circunstancias lo ameritan.

La aprobación de la ordenanza se da en respuesta a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera.

El documento judicial presentado por el Departamento de Justicia sostiene que el presunto complot formaría parte de un conjunto de actividades atribuidas a servicios de inteligencia extranjeros, en este caso Irán, que, según las autoridades estadounidenses, representan una amenaza para la seguridad y los intereses nacionales.

Los resultados de esta elección le han dado a Trump y al Partido Republicano un enorme poder político pues en términos prácticos están en condiciones de dominar los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si esa fuerza pondrá en peligro el principio de separación de poderes (pesos y contra pesos), que ha caracterizado a la democracia de USA, es algo que dependerá del compromiso que Trump y la élite del Partido Republicano tengan con este principio jurídico que ha sido la base del constitucionalismo norteamericano.

La propuesta de ley busca fortalecer las medidas de seguridad para estas figuras públicas, dado el incremento reciente de incidentes relacionados con intentos de asesinato y amenazas en su contra.

La acusación formal sustitutiva conserva los cuatro cargos penales originalmente presentados y detalla presuntas actividades subversivas en varios estados. Sin embargo, se circunscribe la implicación de Trump a su rol como ciudadano privado y candidato político en busca de la reelección, eliminando de la revisión las acciones presuntamente realizadas en su calidad de presidente en funciones.

La investigación dirigida por Mueller, que concluyó oficialmente en 2019, incluyó entre sus hallazgos la posibilidad de obstrucción de la justicia por parte de personas cercanas a Trump. En el marco de este caso, el demandante ha negado consistentemente la existencia de las cintas mencionadas en el informe y afirma que su declaración fue citada incorrectamente.

La presentación de esta legislación ocurre tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Donald Trump v. Estados Unidos en 2024, en el cual se otorgó inmunidad al expresidente Trump por todos los delitos cometidos como «actos oficiales» durante su presidencia. Se fundamenta en la interpretación de que la Constitución de los Estados Unidos no otorga explícitamente inmunidad al presidente frente a las leyes penales durante su mandato.

El tribunal hizo referencia al informe final del fiscal especial Robert Mueller, quien fue designado para investigar las acusaciones de confabulación entre Trump y Rusia. Dicho informe concluyó que no había pruebas de conspiración o coordinación entre la campaña de Trump y este país.