Una interpretación armónica de las normas aplicables revela que la recurrida estaba en condiciones de designar un defensor de oficio para evitar que el condenado quede privado de los derechos a defensa y al recurso, en vez de declarar abandonado el recurso de nulidad.
No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría ha recordado que los Estados miembros de la OEA se han comprometido a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción, sino que además dicho mandato se puede encontrar en diferentes tratados internacionales.
Mediante el procedimiento sumarial se comprobó de manera fehaciente las infracciones del recurrente en el desarrollo de sus funciones, apreciándose una descripción de hechos probados susceptible de generar responsabilidad administrativa por infracción al principio de probidad administrativa.
La DPP ha registrado más de 39 mil personas que, siendo inocentes, estuvieron en prisión preventiva mientras se investigaron sus casos. Como símbolo de reparación da a conocer la historia de personas que estuvieron en prisión injustamente.
Aunque sólo dos personas alcanzaron el 100% en los respectivos exámenes, una de la región del Biobío en la prueba de defensa general y otra de la Región Metropolitana en la de defensa penitenciaria.
Martín Pradenas obtuvo en el segundo juicio una condena inferior, por lo que la DPP no logra explicar por qué se podría configurar un conflicto a nivel constitucional, o bien una discriminación arbitraria o una infracción al derecho a defensa.
Entregar información o dato relativo al RIT de las causas penales es pública y legal, ya que no afectan los datos personales y la vida privada de las personas, aunque el dato permita -mediante el cruce de información-, conocer la identidad de una persona.
