Carabineros acudió a un inmueble en la comuna de Concón, debido a una denuncia por violencia intrafamiliar, y en el lugar, los agentes verificaron que el denunciado poseía diversos papelillos de pasta base y marihuana, dosificados y listos para ser vendidos en la zona, por lo que pusieron al acusado a disposición de la justicia.
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad pueden ser limitados y regulados en entornos laborales en los cuales la seguridad y la vida del colaborador y los compañeros de trabajo están en juego. Si bien, deben respetarse los derechos individuales no puede desconocerse que, en un entorno laboral riesgoso, el empleador debe propender por el bienestar y la seguridad de todos los empleados y los terceros.
Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.
El Senado de Brasil aprobó un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad, una medida vista como un desafío a la corte suprema, que evalúa la despenalización del cannabis para uso personal.
La función de mensajes efímeros de Snapchat facilita la venta de sustancias ilegales a adolescentes. En una versión ampliada de la denuncia, se argumentó que la participación de Snapchat en la venta de drogas ilegales era una consecuencia previsible de sus diseños, estructuras y políticas destinadas a incrementar sus ingresos.
El Gobierno alegó que durante la tramitación de la ley no se había consultado a las regiones autónomas de Madeira e Islas Azores, especialmente afectadas por los altos índices de consumo de drogas sintéticas. Anunció que promulgará la ley con observancia de lo dispuesto por el Tribunal.
El máximo Tribunal desestimó actuar arbitrario o ilegal en la dictación del reglamento cuestionado.
Elimina el criterio de cantidad para determinar la punibilidad del delito y realiza una diferenciación entre traficantes y consumidores, para ayudar a estos últimos a tratar sus problemas de adicción. Del mismo modo, hace equiparables las drogas sintéticas con las llamadas drogas tradicionales.
El Tribunal condenó, además, al acusado Germán Alfredo Soto Malig a dos penas de cumplimiento efectivo de 4 años de reclusión, en calidad de coautor de los delitos.
El tribunal aplicó, además, a Soto Torres las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 10 UTM (por el delito de tráfico).
El Tribunal de alzada rechazó la solicitud incluida en recurso de protección, permitiendo la implementación del examen a diputados y diputadas en ejercicio y la difusión del listado de parlamentarios a quienes se aplica la prueba.
