El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política. La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho.

En vista de la continuidad de las amenazas de muerte en contra del propuesto beneficiario, sumado a los cuestionamientos presentados frente al esquema de protección que tendría, además de la posibilidad de que sea alterado sin coordinación previa, esta Comisión entiende la inminente posibilidad de que se materialice el riesgo en el actual contexto del país.

Fue incriminado por la mala relación personal que mantuvo con algunas de las víctimas, suscitada a raíz de una disputa por razones comerciales. Desde un comienzo sostuvo su inocencia, aduciendo que el día del crimen se encontraba en un viaje de negocios a 500 km de distancia.

La víctima fue destituida por una decisión del Congreso actuando fuera de sus competencias. De esta forma, el Estado violó el derecho a que la decisión sobre la determinación de sus derechos fuera realizada por una autoridad competente conforme a la legislación interna, en relación con la garantía de la independencia judicial, que incluye la garantía a la estabilidad e inamovilidad en el cargo.

El ex mandatario habría recibido sobornos de la empresa china que se adjudicó el contrato de construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. Junto a él también serán formalizados miembros cercanos de su familia.

El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.

La justicia ordinaria conserva la competencia para conocer de delitos cuando no tengan relación con la delincuencia organizada o con la corrupción. Si existieran conflictos de competencia que surjan entre los juzgadores en razón de la materia, el ordenamiento jurídico prevé las reglas y mecanismos para resolverlos.

El derecho al trabajo y a la educación no son afectados cuando la idoneidad de los postulantes, a cargos de interés público, está determinada por requisitos de alto estándar que comprueban sus habilidades y destrezas.

La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.

Se constató que una medida cautelar se resolvió en el marco de un recurso inexistente en el ordenamiento jurídico, lo que es contrario a su naturaleza ágil y temporal.