Los Estados tienen la obligación de facilitar la participación de las mujeres de edad en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por motivos de su edad o sexo. Deben velar por que se preste especial atención a atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de edad en su vida laboral y por qué no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.
Tras la falta de la apoderada y secretaria del Centro General de Padres, se activaron los protocolos de actuación y se siguió el procedimiento establecido al efecto por el equipo de convivencia escolar, adoptando las medidas que la naturaleza de la falta gravísima trae aparejada.
La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.
La exigencia de documentos en el proceso de admisión, tales como anamnesis, ficha médica, el carné de vacunas al día, entre otros, llevaría a que cualquier familia postulante cuyo hijo tuviera una enfermedad que genera típicamente estigma o discriminación, o que tiene un cierto historial conductual, descarte su postulación.
El oficio mediante el cual se da la orden tiene el carácter de un acto administrativo vigente, que produce plenos efectos y cuya eficacia no ha sido desvirtuada, razón por la cual la Corte no puede sino ordenar su estricto cumplimiento.
El programa se encuentra dirigido a estudiantes de escasos recursos residentes de determinados territorios, y que en dichas localidades no existan o resulten insuficientes, los niveles, modalidades y especialidades educacionales, para la continuidad de sus estudios.
La sanción aplicada ha quedado desprovista de la debida razonabilidad que debe guardar con el ilícito administrativo que le sirve de sustento, toda vez que, entre ambos, infracción y castigo, debe existir la debida congruencia y armonía, sustentado en una conducta que transgreda la normativa vigente.
Siendo así, las vulneraciones al procedimiento de ingreso al establecimiento educacional, el que ha sido establecido para garantizar los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, son faltas menos graves.
La SEC inspeccionó las instalaciones eléctricas del establecimiento y sus inmediaciones, advirtiendo la existencia de anomalías que requerían ser corregidas, por lo que instruyó, tanto al Municipio como a la empresa eléctrica respectiva, normalizar las instalaciones eléctrica, lo cual debe ser verificado por el municipio.
Ningún establecimiento educacional puede asignar cupos sin respetar el orden de inscripción que impone el SAE, sus procesos y mecanismos, por lo que el colegio pretendido por el recurrente, no tiene potestad sobre la inscripción y matrículas así como tampoco puede alterar o manipular la lista de espera.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley TEA, las condiciones del presente caso, dicen relación con patologías y comorbilidades complejas, cuyo número, entidad, tratamiento, requerimientos asistenciales, mecanismos de control de los riesgos de auto o heteroagresión, y efectos en el comportamiento, no ha podido, ni corresponden ser determinadas por la vía de protección.
