Una de las principales garantías de este sistema es la prohibición expresa de discriminar a estudiantes por motivos de discapacidad o cualquier otra condición al momento de postular e ingresar a un establecimiento. Esta medida busca garantizar el derecho a una educación inclusiva, asegurando que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las mismas oportunidades educativas, independientemente de sus características personales o familiares.