Atendido el tiempo transcurrido sin resolver las solicitudes del actor, ello deriva en una actuación arbitraria de la Universidad, afectando la integridad psíquica del recurrente y los derechos que emanan del contrato de educación.

Es facultad de la autoridad universitaria imponer la sanción aplicada, la que cuenta con la debida fundamentación y cumple con el criterio de racionalidad exigido.

No es justo ni razonable, y escapa de toda proporcionalidad, obligar a la recurrente a la devolución de todos los montos de la beca, únicamente por exceder el tiempo de titulación del programa.

La Universidad debe utilizar los mecanismos propios que el derecho contempla para el cobro de una deuda a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes.

De esta forma, se resguarda adecuadamente la independencia del fiscal en la instrucción de los sumarios, se preserva la objetividad que debe imperar en el procedimiento y se garantiza el respeto a los presupuestos del debido proceso y, a su turno, no existirán excusas para no llevar adelante las investigaciones en esos casos.

Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.

Esta facultad se mantiene aun cuando los beneficiarios de la Beca la mantengan documentada por medio de un pagaré y no hayan reemplazado dicha obligación por un convenio.

La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.

La propuesta estudiada por la Comisión de Educación, también moderniza los requisitos de ingreso al plantel eliminándose el de estatura mínima y permitiéndose que cualquier tipo de licencia media sirva para postular.

Negar el grado académico a la recurrente por su situación de deuda, es discriminatorio en relación a otros alumnos que sí pueden acceder al proceso de titulación respectivo.