La recurrida no acompañó evidencia de haber informado la eliminación, incumpliendo su propia reglamentación que estipula que dicha sanción debe aplicarse por medio de una resolución fundada y mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.

La demora contraviene el protocolo dictado en conformidad a la Ley N°21.369, lo que hace procedente la adopción de medidas para reestablecer el imperio del derecho.

Lo reclamado por el estudiante no constituye un derecho indubitado vulnerado por la Universidad; es un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante los procedimientos establecidos en el estatuto universitario.

No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Dentro de los principales beneficios para los estudiantes está, flexibilidad horaria para presentar trabajos y pruebas, congelamiento del semestre sin pagar un nuevo arancel ni perder becas, entre otros.

Divulgar íntegramente un expediente sumarial terminado, supone restar efectividad a las labores de cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento, acoso sexual o maltrato, y también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz.

Existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y su publicidad, permite un control social de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad.

El decreto N° 221 del Ministerio de Educación establece cambios al actual decreto que regula el Programa de Becas de Educación Superior.

La investigación en contra del actor resulta arbitraria e ilegal, y vulnera el debido proceso, pues ha sido investigado por una comisión que ha excedido la esfera de sus atribuciones. Asimismo, su honra también ha sido vulnerada, por cuanto se adoptaron medidas establecidas para situaciones distintas a la suya.

La gratuidad, alegan los recurrentes, es concebida como un mecanismo de financiamiento a las instituciones de educación superior y no a los estudiantes individualmente considerados, por lo que descontar los fondos, en caso de suspensión académica o de estudios de los alumnos por causas particulares, no es procedente.