La decisión de los legisladores de radicar estos conflictos en el juez civil a cargo de la reorganización o liquidación, no es de modo alguno antojadiza, pues se trata de la sede de competencia natural que, en abstracto, es la encargada de resolver diferencias en esta materia.

El máximo Tribunal señaló que, el proceder de la recurrida constituyó una omisión ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley.

La Corte de Apelaciones de Santiago señaló en su oportunidad que el egreso del Programa de Integración Escolar de las niñas a cuyo favor se recurrió de protección, constituyó una decisión adoptada por la recurrida dentro de sus facultades.

“en la realidad de las cosas no se aplicó, en la especie, un procedimiento claro y preestablecido, que hubiere sido conocido tanto por los alumnos, como por sus apoderados, que le hubiere permitido a los afectados, ser escuchados y hacer uso del derecho a defenderse”.

Un profesor interpuso recurso de protección en contra del Contralor Regional del Bio Bio porque se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto de una denuncia, por carecer de competencia para conocer de las actuaciones de las Comisiones Comunales de Evaluación, ya que éstas no integran la Administración del Estado. El recurrente considera vulnerada la garantía constitucional […]