Siendo así, las vulneraciones al procedimiento de ingreso al establecimiento educacional, el que ha sido establecido para garantizar los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, son faltas menos graves.

La SEC inspeccionó las instalaciones eléctricas del establecimiento y sus inmediaciones, advirtiendo la existencia de anomalías que requerían ser corregidas, por lo que instruyó, tanto al Municipio como a la empresa eléctrica respectiva, normalizar las instalaciones eléctrica, lo cual debe ser verificado por el municipio.

Ningún establecimiento educacional puede asignar cupos sin respetar el orden de inscripción que impone el SAE, sus procesos y mecanismos, por lo que el colegio pretendido por el recurrente, no tiene potestad sobre la inscripción y matrículas así como tampoco puede alterar o manipular la lista de espera.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley TEA, las condiciones del presente caso, dicen relación con patologías y comorbilidades complejas, cuyo número, entidad, tratamiento, requerimientos asistenciales, mecanismos de control de los riesgos de auto o heteroagresión, y efectos en el comportamiento, no ha podido, ni corresponden ser determinadas por la vía de protección.

En Chile, el sistema judicial enfrenta una congestión significativa y una necesidad urgente de celeridad en la resolución de conflictos. El arbitraje emerge como una herramienta subutilizada con un potencial transformador considerable. Esta columna examina las ventajas del arbitraje, incluyendo su agilidad, especialización y confidencialidad, que lo convierten en una alternativa eficaz a la justicia ordinaria. A pesar de sus beneficios, el arbitraje en Chile enfrenta obstáculos como los altos costos y la falta de conocimiento y formación en el ámbito académico y profesional.

La incertidumbre no sólo es antijurídica, por contravenir el deber de motivación de las decisiones administrativas terminales, sino que atenta en contra del derecho a la igualdad ante la ley, por la falta de antecedentes que le permitan entender si la normativa sectorial ha sido correctamente aplicada.

Asimismo, en las resoluciones remitidas al Ejecutivo, se solicitó apoyo presupuestario para las corporaciones de asistencia judicial y beneficio para asistentes de la educación.

Debe primar en la autoridad educacional una actividad de carácter preventivo para estimular el cumplimiento de la normativa educacional y tener a disposición y distribuir entre los sostenedores un formato tipo con la estructura y exigencias mínimas que debe tener un Reglamento Interno.

El término educación no sexista admite una interpretación muy razonable y obvia, como “contraria al sexismo”, y sexismo, en su sentido literal, y además natural y obvio, se define como discriminación entre las personas en razón de su sexo.

El establecimiento educacional sólo se ha limitado a cumplir de manera irrestricta lo resuelto por resolución judicial, cuestión que, no es baladí si se considera que la ejecución de los fallos es uno de los componentes esenciales de la tutela judicial efectiva.