La Superintendencia no explicó cómo las irregularidades que detectó implicaron para el alumno, sus apoderados, o los demás miembros de la comunidad escolar, alguna merma o detrimento en el adecuado ejercicio de sus derechos.

Dicha situación acarrearía la repetición del año académico y, por tanto, un doble pago por las asignaturas que inscribió.

No obstante, la aplicación del protocolo de acoso escolar no pudo llevarse a cabo debido al cierre anticipado del año escolar de la recurrente.

Establecimiento debió acompañar su Reglamento de Convivencia Escolar, toda vez que fundamenta la cancelación de matrícula en las faltas sancionadas con tal medida en ese instrumento.

La iniciativa busca terminar con la doble evaluación de los educadores, fortaleciendo procesos de inducción y acompañamiento.

Dada la naturaleza excepcional de las normas del derecho de opción con el que cuentan los profesionales de la educación, no es posible extenderlas a otras situaciones no previstas en la normativa.

Conforme al principio de juridicidad tal facultad debe abordarse a través de un cambio legislativo.

Dada la continuidad y regularidad con que continuarán las clases durante el año 2023, se estableció que los establecimientos escolares deben ajustar tempranamente su plan de mejoramiento educativo, y planificar el uso de sus recursos.

El proyecto que aprobó la Cámara busca fomentar que los y las docentes puedan focalizar su desempeño en la función de aula, en un año marcado por los desafíos que genera a todo el sistema educativo el período postpandemia.

El ministro de Educación, Marco Ávila informó a diputados/as y senadores/as de las comisiones del ramo, que sesionaron en conjunto, los principales pasos en la implementación de la normativa que crea los Servicios Locales de Educación Pública a nivel nacional.