La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y, en definitiva, el derecho a la seguridad jurídica, desde que la apelación no se concede en ambos efectos a pesar de que la decisión fue adoptada con vicios que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido en los intereses de la requirente.