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El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que no puede terminar con un procedimiento dilatado en exceso por la negligencia del demandante, vulnerándose sus garantías constitucionales.
El requirente alega que castigarlo como si fuese un particular vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.
La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.
La norma impugnada no es compatible con las exigencias de racionalidad y justicia que emanan del debido proceso.