Durante el mes de octubre de 1973, el acusado fue el líder de un grupo de uniformados que torturó en reiteradas oportunidades a la víctima, quien tras la intervención de un sacerdote que lo reconoció logro escapar a Francia. Además, el Fisco fue condenado al pago de 40 millones de pesos en favor del denunciante a título de daño moral.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho a ejercer la acción penal y el debido proceso, desde que la decisión de no perseverar impide forzar la acusación, es decir, se le priva al querellante su derecho a ejercer la acción penal, en circunstancias que dicho derecho no sólo se refiere a interponer una denuncia o una querella criminal, sino además, que ésta sea tramitada hasta que exista un pronunciamiento de fondo por un ente jurisdiccional que adquiera una convicción de acuerdo con la prueba puesta a su conocimiento, ya sea acogiendo las pretensiones de la víctima o rechazándolas.
La magistratura observó que entre la resolución que dispuso el licenciamiento y la toma de razón, transcurrieron más de siete años, tiempo en que el recurrente permaneció en la institución castrense en plena incertidumbre; por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra prescrita y es improcedente tomar razón de la sanción impuesta.
El máximo Tribunal estimó que el recurrido no notificó al actor de la forma establecida por la Ley Nº19.880, vulnerando la igualdad ante la ley y lo privó de ejercer su derecho al recurso ante sus oficiales superiores, y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de las resoluciones impugnadas.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que a pesar de que en su calidad de Cabo del Ejército de Chile se realizó con posteridad a la contingencia por COVID-19 varios exámenes a fin de optar a una operación y con ello a su recuperación lumbar, se le impide recurrir en contra del informe de la Comisión de Sanidad del cual se deriva que al declararlo no apto si dispondrá su baja del servicio.
La actora pretendía el pago total de la asignación, como si se tratara de una destinación hacia la base antártica, en circunstancias que la comisión de servicio estaba proyectada para una duración de seis días, por ende, el recurrido no actuó con ilegalidad.
El Comando de Bienestar del Ejército debe responder de los incumplimientos laborales y previsionales del contratista, aún si la obra fue terminada y entregada, debido a la responsabilidad que le asiste respecto de los trabajadores que ejercen labores de post venta, como mantención eléctrica y de gasfitería, en atención al trabajo en régimen de subcontratación ejercido por el dependiente.
Es la propia institución quien debe instar a tener una pronta respuesta respecto del estado de su funcionario, sin poner de cargo de éste, el término de la investigación sumaria y el pronunciamiento de la Comisión de Sanidad del Ejercito.
La Corte señaló que, si las calificaciones sirven de base para resolver la eliminación del servicio, no resulta fácil entender cómo una persona que ha sido calificada en Lista N° 1 puede ser llamada a retiro sin mayor motivación al respecto.
La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.
Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.
