Al disponer el Consejo para la Transparencia que el Ejército de Chile debe hacer entrega de la información solicitada, no ha hecho más que ejercer su potestad fiscalizadora con apego a la legalidad y a la normativa reglamentaria que la rige.
En resolución unánime, el tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos atribuidos como la participación culpable de los sentenciados en los hechos.
El máximo Tribunal estimó que el funcionario administró deslealmente el patrimonio de su unidad militar, para gestionar un viatico que le reembolsaría una suma de dinero que el acusado aportó ante una emergencia, para suplir los gastos menores del regimiento.
El máximo Tribunal descartó infracción en el fallo que condenó al militar por el homicidio del joven de 19 años.
El máximo Tribunal consideró que los delitos investigados son parte del fuero civil y no de la jurisdicción militar, por lo que debe ser investigados por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía correspondiente.
El máximo Tribunal estableció que el traslado de la funcionaria a Santiago, ciudad en la que no cuenta con red ni apoyo familiar, resulta arbitrario y atenta contra los principios de resguardo y protección de la maternidad, consagrados en la legislación interna y en tratados internacionales.
En la primera sentencia, Rol 104.259-2020, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la pena única de presidio perpetuo simple impuesta a los exoficiales Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminelli Fullerton por su responsabilidad, como autores, de 21 homicidios calificados y cinco secuestros calificados de víctimas que fueron finalmente fusiladas en el sector del cerro Topater, comuna de Calama.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario de la rama castrense, la que procedió de acuerdo sus facultades y con antecedentes concretos.
La Corte de Santiago resolvió, confirmándose en alzada, que los puestos en el ejército son temporales sin importar la condición de reservista, y es una facultad de la institución llamar a retiro o desvincular a su personal.
El magistrado acogió la acción, tras establecer que el oficial fue víctima de acoso laboral de superior jerárquico, debido a la designación del teniente como parte de las fuerzas de las Naciones Unidad para el mantenimiento de la paz en Chipe, en 2020.
Recurrente cuestionó que se le llamara a retiro cuando fue bien calificado en el periodo anterior, decisión que no fue arbitraria al estar conforme a los artículos 118, 121, y 122 del DFL N°1 del año 1997.
