El juez no puede denegar la ejecución de una ODE únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo. En efecto, habida cuenta del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, se presume que las condiciones de reclusión de una madre con hijos de corta edad en el Estado miembro emisor de la ODE están adaptadas a esa situación.
Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.
El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud, por considerar que se debía supeditar al niño al procedimiento de adopción, además de quedar con dudas sobre la madurez del menor para tomar la decisión de cambiar su apellido paterno.
Se confirmó en segunda instancia el fallo que declaró la nacionalidad de la niña, por considerar que su condición de apátrida vulneraba sus derechos fundamentales y su interés superior.
La fecha fijada se decretó para resguardar los derechos de la víctima menor de edad y que pudiera efectuar su declaración por medio de una entrevista videograbada.
Existe un estrecho vínculo entre el derecho a la identidad personal y la dignidad humana. Esta solo se afirma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad.
