La jurisprudencia constante sobre el derecho a la salud, en particular sobre las obligaciones de los Estados en relación con la atención durante el embarazo, parto y posparto, ha establecido que los Estados deben brindar una atención adecuada y diferenciada durante dichas etapas.
El derecho de acceso a la Justicia se debe asegurar en un tiempo razonable y las presuntas víctimas o sus familiares tienen el derecho a que se hiciera todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, establecer las respectivas responsabilidades y sancionar a los eventuales culpables.
Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.
La magistratura hizo lugar a una demanda de precario, entablada contra un particular que usurpó una de las edificaciones de la empresa estatal, fundado en que “se la entregó materialmente una fundación educacional”, lo que en la especie no constituye nexo jurídico alguno que habilite la ocupación del sitio.
La estatal pretendía elevar el plazo de la operación por un lapso de 43 años, tiempo en el cual la mina pasará a ser de rajo abierto, no obstante, el máximo Tribunal mantuvo a firme lo decidido por la magistratura, confirmando el plazo y el monto indemnizatorio que la minera debe pagar al Fisco, correspondiente a 151.896 UF.
Fue declarado culpable de 23 asesinatos y de otros ilícitos. Su detención se produjo en el marco de la ofensiva que el presidente Nayib Bukele está llevando a cabo contra las bandas delictuales de su país, por la que ha recibido numerosas críticas de parte de organizaciones de derechos humanos.
Entre los años 2012 y 2014 habría regido un armisticio entre el gobierno salvadoreño y las maras, en virtud del cual se concedieron numerosos favores a los líderes criminales a cambio de una reducción en la tasa de homicidios. No cumplirá efectivamente su condena ya que en la actualidad reside en Nicaragua bajo la protección de Daniel Ortega.
Según los informes recepcionados por la Oficina de Derechos Humanos, al menos 90 personas han muerto desde la promulgación del estado de excepción que Nayib Bukele decretó en el marco de su guerra contra las organizaciones criminales de El Salvador. La ONU instó al gobierno a respetar los derechos humanos de los detenidos.
La mujer fue obligada a concluir su embarazo, a pesar del riesgo que representaba para ella y su bebé, el cual falleció durante el parto. Los solicitantes piden que la Corte declare la responsabilidad internacional de El Salvador por vulnerar una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La normativa establece un marco legal que busca dar certeza jurídica a las operaciones realizadas con criptomonedas. También contempla la creación de un organismo regulador que administrará las inversiones de los fondos de ofertas públicas de activos digitales.
Es deber de los Estados garantizar la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.
