Según los informes recepcionados por la Oficina de Derechos Humanos, al menos 90 personas han muerto desde la promulgación del estado de excepción que Nayib Bukele decretó en el marco de su guerra contra las organizaciones criminales de El Salvador. La ONU instó al gobierno a respetar los derechos humanos de los detenidos.

La mujer fue obligada a concluir su embarazo, a pesar del riesgo que representaba para ella y su bebé, el cual falleció durante el parto. Los solicitantes piden que la Corte declare la responsabilidad internacional de El Salvador por vulnerar una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La normativa establece un marco legal que busca dar certeza jurídica a las operaciones realizadas con criptomonedas. También contempla la creación de un organismo regulador que administrará las inversiones de los fondos de ofertas públicas de activos digitales.

Es deber de los Estados garantizar la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.