Recientemente se ha podido observar un marcado descenso en el número de acciones de inaplicabilidad presentadas ante el Tribunal Constitucional. Una marcada disminución de las acciones declaradas admisibles, así como también de las que son acogidas. Mientras que, en 2021, el Tribunal admitió a trámite un 82% y acogió, en definitiva, un 86% de las acciones de inaplicabilidad interpuestas, en 2023 estos porcentajes se redujeron a un 65% y un 30%, respectivamente.