El ente contralor recordó que, respecto de la prescindencia política de los funcionarios de la administración del estado, cuando las autoridades afectas a estas instrucciones dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio.

Se dará prioridad a la tramitación electrónica de las solicitudes.

El proyecto propone que «para inscribir sus candidaturas, los candidatos y candidatas independientes fuera de lista requerirán el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2 por ciento de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados».

Parece improbable que se cambie cualquier resultado reportado, ya que el fraude electoral es extraordinariamente raro.

La recurrente alega que la sentencia recurrida ignora el valor de los fallos del máximo tribunal electoral, en lo que dice relación con los principios generales que inspiran la justicia electoral, tales como: la buena fe o el principio pro-participación.

Lo que busca la ley es fortalecer la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la administración electoral, y así evitar que el dinero sucio proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales terminen financiando a los partidos políticos, sobre todo en el marco de un proceso electoral como el de nuestro bicentenario.

En caso de la Convención Mixta, el actual Congreso deberá elegir, de una manera proporcional, a sus representantes, y el 11 de abril de 2021 se deberán elegir los representantes de la ciudadanía por medio del sistema electoral aplicable a los diputados. En caso de que la Convención Constitucional, la elección del total de los convencionales se realizará en tal fecha y bajo el mismo sistema electoral.

A propósito de la reciente publicación de la ley que impide postular a cargos públicos o de elección popular a los sentenciados en primera instancia, el autor advierte dos normas y una jurisprudencia del TC respecto a las limitaciones “constitucionalmente legítimas” para el ejercicio del derecho a la participación política.

Las cámaras serán más eficientes y se acelerará el debate político.

El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prohibición de salir del país de los imputados, por considerarla proporcional a los fines de procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.