Sostuvo que la legislación no contempla la posibilidad de omisión de antecedentes penales en el registro de conductor, quedando supeditada la eliminación de tal registro a la supresión de las anotaciones prontuariales, hipótesis de hecho diversa a la que plantea el recurrente.
Aun cuando se eliminen los antecedentes penales ello no implica que los jueces estén obligados a reconocer la irreprochable conducta anterior, resuelve Corte de Copiapó.
Que el recurrente tenga registradas investigaciones asociadas, como se consignan en el sistema informático del Ministerio Público, no constituye vulneración alguna de sus garantías constitucionales, al ser datos estrictamente de carácter interno y no de acceso al público.
El Registro Civil hizo presente que, con el beneficio otorgado al actor, sus antecedentes penales no figurarán en el certificado para conducir vehículos motorizados, ingreso a la Administración Pública, entre otros, pero seguirán vigentes para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38 de la Ley N° 18.216.
El plazo contemplado en el artículo 1° del DL 409, debe computarse desde que el condenado haya cumplido la pena de suspensión de licencia de conducir, resuelve la Corte de Chillán.
Si en virtud del beneficio dispuesto por el Decreto Ley N°409, se eliminan los antecedentes penales del reclamante, con mayor razón se deben eliminar las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
