La práctica o norma que está en juego no es neutra, sino única y exclusiva de la condición femenina, pues solo respecto de las mujeres cabe exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales que a la postre, se derivan de las disposiciones en materia de prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia. Se ha violado su derecho de igualdad.
El fuero de maternidad es de naturaleza constitucional y, por tanto, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral o contractual. De esta manera, el juez constitucional está autorizado para intervenir y hacer efectiva la garantía constitucional de protección a la mujer embarazada.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del Juzgado de Garantía de Copiapó al rechazar a modificación de la prisión preventiva al no analizar desde una perspectiva interseccional y de género, el cúmulo de antecedentes sociales y médicos aportados por la defensa, que da cuenta que se trata de una gestante en la que confluyen múltiples categorías de vulnerabilidad.
La jurisprudencia sostiene que en materia probatoria los mensajes de datos que circulan a través de medios electrónicos son medios de prueba. En ese sentido, debido al auge tecnológico e informático de programas de mensajería instantánea como WhatsApp, cobra relevancia el concepto de sana crítica en materia de valoración probatoria en entornos judiciales.
El Tribunal de alzada hizo lugar al recurso de apelación deducida por la defensa y revocó la prisión preventiva, al aplicar la perspectiva de género y por considerar que privación de libertad domiciliaria resuelta apropiada a los fines del procedimiento de imputada que cursa un embarazo de alto riesgo, sufrió un cáncer cérvico uterino en 2019, padece actualmente de cáncer al riñón y sospechas de cáncer de mamas y útero.
El máximo Tribunal estableció que el traslado de la funcionaria a Santiago, ciudad en la que no cuenta con red ni apoyo familiar, resulta arbitrario y atenta contra los principios de resguardo y protección de la maternidad, consagrados en la legislación interna y en tratados internacionales.
El tribunal de alzada confirmó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la solicitud de la Defensoría Metropolitana Norte por estimar que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas.
La iniciativa -que está siendo estudiada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género- recibió una treintena de indicaciones y avanza, además, en el ámbito de la salud ginecológica y sexual.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de apreciación de la prueba en el fallo que rechazó el recurso.
El máximo tribunal estableció que, si bien, la recurrente fue contratada bajo modalidad de honorarios por un plazo fijo, le son aplicables las normas del Código del Trabajo sobre protección a la maternidad.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
