Al exigir que se acreditara la negligencia de la inmobiliaria, el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente la Ley General de Urbanismo, pues aquella probanza no es necesaria en este tipo de responsabilidad.

Es posible observar un sinnúmero de denuncias ciudadanas y casos judiciales en relación a malas prácticas en el rubro, como la deplorable calidad de los materiales utilizados, groseras fallas en la estructura soportante, los elementos constructivos, instalaciones o terminaciones.

Busca proteger el uso de los suelos, evitando que aquellos terrenos definidos por las autoridades cambien su uso agrícola, ganadero o forestal, de manera arbitraria por uno habitacional, y generar una mejor coordinación entre los diferentes organismos públicos vinculados en la materia.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que acogió la acción.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que acogió la excepción por falta de legitimación pasiva, presentada por la demandada. 

La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo, invalidó la resolución impugnada y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.