La propuesta es una respuesta al Informe de investigación sobre servicios de plataformas digitales emitido por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) en septiembre de 2022. Dicho informe concluyó que el marco legislativo vigente resultaba insuficiente para abordar los efectos negativos actuales y potenciales derivados de las conductas de los principales actores del sector tecnológico.