Custodiar a una persona que mantiene una medida de seguridad de internación provisional en un contexto penitenciario constituye una grave vulneración a sus derechos, pudiendo en caso de descompensación, provocar un serio peligro para su integridad física y la del resto de la población penal y personal de servicio, informó Gendarmería.

La cautelar de internación provisional sólo resulta procedente cuando previamente se ha dispuesto la suspensión del procedimiento.

La resolución impugnada se ajusta a derecho y resulta plausible a la luz de los antecedentes expuestos en la audiencia respectiva, particularmente atendido el tenor del informe que sirve de fundamento al amparo.

El marco que establece el artículo 458 del Código Procesal Penal es la de una presunción, y no la de una certeza.

Se postergó innecesariamente la discusión para un mes más, sometiendo al amparado a una medida cautelar personal que podría resultar improcedente cuando a finalizar la audiencia se hizo valer un certificado del COSAM.

No era posible colegir que existiesen elementos suficientes para presumir su inimputabilidad. Por el contrario, la epicrisis y demás antecedentes más bien dan cuenta trastornos mentales y de comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, refiere el voto en contra.

Además, el amparado no recurrió de apelación en contra de la resolución que en sede de amparo impugna con el objeto no confesado de conseguir una instancia ante la Corte Suprema.

Los hospitales destinados a la internación de eventuales enfermos mentales para su diagnóstico, por ahora no tienen cabida y la amparada se encuentra en lista de espera, informa el recurrido.

Si bien es posible decretar la internación provisional del imputado antes de que se emita el informe psiquiátrico, es preciso que los antecedentes en que se funde la decisión den cuenta de que sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales.

Al existir meras sospechas de inimputabilidad y peligrosidad, no existe tampoco la posibilidad de aplicar una medida cautelar personal general.