Se postergó innecesariamente la discusión para un mes más, sometiendo al amparado a una medida cautelar personal que podría resultar improcedente cuando a finalizar la audiencia se hizo valer un certificado del COSAM.

No era posible colegir que existiesen elementos suficientes para presumir su inimputabilidad. Por el contrario, la epicrisis y demás antecedentes más bien dan cuenta trastornos mentales y de comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, refiere el voto en contra.

Además, el amparado no recurrió de apelación en contra de la resolución que en sede de amparo impugna con el objeto no confesado de conseguir una instancia ante la Corte Suprema.

Los hospitales destinados a la internación de eventuales enfermos mentales para su diagnóstico, por ahora no tienen cabida y la amparada se encuentra en lista de espera, informa el recurrido.

Si bien es posible decretar la internación provisional del imputado antes de que se emita el informe psiquiátrico, es preciso que los antecedentes en que se funde la decisión den cuenta de que sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales.

Al existir meras sospechas de inimputabilidad y peligrosidad, no existe tampoco la posibilidad de aplicar una medida cautelar personal general.

Corresponde al Juez de Garantía ponderar si los antecedentes que aparecen en el proceso tienen la entidad suficiente para presumir la inimputabilidad del inculpado.

La mejor demostración de que hay antecedentes que permiten presumir la inimputabilidad, es porque el propio ministerio público, dispuso que el SML le practique al imputado pericias forenses psiquiátricas y psicológicas.

No es imprescindible ni urgente hacer comparecer compulsivamente a una persona que padece enajenación mental mediante una orden de detención con la finalidad de reabrir un procedimiento suspendido.

Si la defensa no dice nada en la audiencia en que se dispuso la reapertura del procedimiento una vez que fue remitido el informe psiquiátrico, lo que corresponde es fijar un plazo para que el Ministerio Público modifique la acusación.