Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.

La norma, analizada por la Comisión de Minería, contempla otorgar autorización a la Empresa Nacional del Petróleo para distribuir gas, a nivel mayorista o minorista, introduciéndose como un nuevo competidor en el mercado.

Se trata de 5 cargos graves y 3 leves, entre ellos, superación de límites de emisión y otros incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación, que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.

Sentencia concluye que la autoridad fiscalizadora actuó en forma ilegal y arbitraria al no fijar un plazo para el proceso de reformulación de cargos y no otorgar audiencia previa a la empresa.

La SEC al recibir una denuncia, en cumplimiento al fin último que su Ley Orgánica le encomienda, debe constituirse en garante e investigar los hechos denunciados.

El máximo Tribunal estableció que la empresa refinadora es responsable por el derrame de hidrocarburo provocado por la rotura de ducto submarino de la terminal de descarga que posee en la bahía.

Este vacío legal, permitió que si bien, Loreto Silva, en ese entonces presidenta del directorio de ENAP, incumplía la Ley de Probidad al estar vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR SpA, no haya podido ser sancionada.

El Tribunal de alzada desestimó actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, tras establecer que la empresa cumplió con la obligación de proteger la salud de los empleados, contenida en el plan de acción contra el coronavirus del gobierno, que define los grupos de riesgo de contagio.