Resolvió que el aumento injustificado en los cobros afectó el derecho de propiedad del recurrente, ya que la empresa no explicó adecuadamente el consumo de electricidad ni cumplió con las órdenes de recalcular las sumas impuestas. Se ordenó a la empresa cumplir con las directrices de la SEC.
Destacó la potestad de la Superintendencia y su deber de supervigilancia y control sobre las empresas concesionarias del servicio público, así como las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley para cumplir su función pública. Esta responsabilidad también abarca el caso en cuestión, en el que un particular solicita su intervención para aclarar los cobros de su consumo eléctrico domiciliario, lo cual debe resolver usando los medios resolutorios y fiscalizadores disponibles.
El recurrente sostiene que la empresa no realizó mantenimiento preventivo tras advertencia de mal tiempo en la comuna de Lampa y delegó responsabilidades en los servicios municipales.
La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al continuar con cobros objetados por la SEC.
