La Conferencia Episcopal hizo una presentación en la Contraloría, argumentando que el Decreto N° 115 va mucho más allá de lo indicado por la Corte IDH, ya que mantiene el nombre del certificado de idoneidad pero cambia su contenido, lesionando la libertad religiosa y afectando seriamente la autonomía de todas las confesiones religiosas para determinar la idoneidad de quienes pueden enseñar religión.