Entrega de información


Reclamo de ilegalidad rechazado.

Resolución del CPLT que ordenó al Ejército entregar información sobre armas involucradas en causas por robo o hurto de material de guerra recuperadas conocidas por Corte Marcial, se confirma por Corte de Santiago.

Al disponer el Consejo para la Transparencia que el Ejército de Chile debe hacer entrega de la información solicitada, no ha hecho más que ejercer su potestad fiscalizadora con apego a la legalidad y a la normativa reglamentaria que la rige.

7 de agosto de 2024
Corte de Santiago rechazó reclamo de ilegalidad.

USACH debe entregar antecedentes académicos de Elisa Loncón, así como una lista de los docentes bajo permiso sabático remunerado.

La magistratura sostuvo que la Universidad no cuestionó la publicidad de la información solicitada respecto de la ex convencional, esgrimiendo sólo una presunta falta de quórum para sesionar por parte del Consejo para la Transparencia; tesis que fue desestimada por los jueces de fondo, al observar que no existen causales para mantener en secreto los antecedentes académicos de Loncón.

2 de abril de 2024
Recursos de reclamación rechazados.

Corte de Santiago confirma entrega de información sobre uso de camas UCI y UTI y cantidad de fallecidos por covid-19 solicitada por Ley de Transparencia.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución que ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la entrega de información relativa al número de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes con covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados (con una, dos y 3 dosis) y no vacunados, en el período que va entre enero y noviembre de 2021.

25 de julio de 2022
La información fue requerida por un órgano público.

Corte de Santiago rechazó recursos de reclamación en contra de la decisión del CPLT que ordenó entregar información sobre los convenios entre una Isapre y una cadena de farmacias por atenciones GES y excedentes.

En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.

14 de septiembre de 2021