El litigio responde a un proceso puesto en marcha hace cuatro años por algunos de los principales grupos ecologistas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo determinó que la colocación de la bandera durante las celebraciones del Orgullo, como en el patio de la Diputación Provincial de Valladolid y el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza, se alinea con los esfuerzos para promover la igualdad.

Aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias.

El tribunal resalta que las actuaciones que realizó para indagar su filiación biológica, se asentaron en una afirmación inexacta, la de que la filiación materna estaba identificada en el legajo de nacimiento, y que la misma se correspondía a la demandante, lo que es incierto.

El sentido gramatical del precepto es claro, habla de «consultas de médicos», por lo que la consecuencia no puede ser otra que excluir a los dentistas a la hora de computar las 35 horas retribuídas de consultas médicas. Una interpretación extensiva sería contraria al sentido de la norma, que exige que las consultas sean médicas.

El requerido junto a otros coimputados integraba una banda dedicada al robo de este tipo de establecimientos, y las pruebas acompañadas por el Estado requirente fueron consideradas como suficientes para autorizar el traslado del acusado a la península, y que pueda enfrentar a la justicia española.

Cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio.

Al fijar la edad en 35 años, tal restricción es necesaria para garantizar y mantener la capacidad funcional de dicha policía autónoma. Dado que el margen de apreciación es amplio respecto a los requisitos de acceso al empleo público en el ámbito de las fuerzas de seguridad, las autoridades nacionales justificaron la necesidad de la medida con razones pertinentes y suficientes.

Fue la empresa farmacéutica la que contrato con la empresa de publicidad, aprobó el medio elegido, el tema de la publicidad y procedió, posteriormente, a rectificar el contenido del mismo a requerimiento de la entidad reguladora, pero suscribiendo como proyecto suyo el artículo al hacer expresa mención a su patrocinio y que en el mismo artículo se reseñaban los efectos beneficiosos del fármaco frente a otros para tratar la enfermedad.

El uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados.