Los Estados miembros deben reservar el derecho a participar en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de servicios sociales de asistencia a las entidades sin ánimo de lucro, siempre que los beneficios que se deriven de la ejecución de dichos contratos sean reinvertidos por dichas entidades con el fin de alcanzar el objetivo social de interés general que persiguen.

Las cantidades entregadas lo fueron en el curso de una relación sentimental, abonadas en forma voluntaria por la denunciante, y el hecho de que no fueran destinadas a la finalidad para las que se entregaron, no conlleva por si sola la presencia de engaño.

Se confirmó en segunda instancia el fallo que declaró la nacionalidad de la niña, por considerar que su condición de apátrida vulneraba sus derechos fundamentales y su interés superior.

Los registros audiovisuales tuvieron graves defectos que afectaron la posibilidad de fundar adecuadamente un recurso efectivo contra la sentencia condenatoria.

No existe colisión entre el derecho a la integridad física y moral y el derecho a un juicio justo, por tener prioridad el primero por su proximidad al núcleo del derecho a la vida.

El actor conocía al perro con anterioridad a los hechos, en razón de su amistad con el dueño, y lo paseó en forma voluntaria y gratuita.

Es legítimo imponer límites específicos al ejercicio de la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas, si responden a los principios primordiales y a los criterios esenciales de organización de la institución militar, señala el voto en contra.

La fuerza mayor no sólo exige que obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como el caso fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente.

Aun cuando la duración del proceso no pueda tener la consideración de desbordar copiosamente una tramitación indolente, tampoco se puede aceptar que se haya extendido más allá de lo razonablemente previsto para un supuesto de sus circunstancias.

No es suficiente que el acusado haya hablado de suicidio con la víctima, ni que haya acudido raudamente a cobrar el seguro, para acreditar su participación en el hecho.