Jueces de fondo estimaron que los hechos probados en instancia administrativa configuran la relación de causalidad exigida por las leyes de la seguridad social española.
El Tribunal Superior de Extremadura considera que los funcionarios poseen un vínculo contractual con la empresa, que va más allá del mero contacto entre cliente y distribuidor de un producto, por lo que ordenó el pago de sus beneficios de la seguridad social.
La medida le impuso la prohibición de contacto incluso mediante internet, hecho no respetado por el condenado, quien deberá cumplir 9 mese de presidio.
La atenuante pasional invocada por el recurrente fue desestimada al no poder probar que se encontraba limitado de comprender los alcances antijurídicos de sus acciones, debido al excesivo consumo voluntario de alcohol y drogas con anterioridad al hecho.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el castigo impuesto era desproporcionado y contrario a la libertad de expresión, título invocado por los afectados para pedir la anulación de la condena por el Supremo.
El paciente debe otorgar su consentimiento por escrito y ser informado de los eventuales riesgos antes de ser sometido a una intervención quirúrgica.
La distribución curricular de las dos lenguas debe ser equitativa, de forma tal que los alumnos puedan comunicarse de manera fluida en ambas lenguas.
La normativa no está lo suficientemente motivada ni responde al interés general de la población, sólo al de una sociedad mercantil.
El cierre del local por disposición sanitaria fue un evento impredecible e inimaginable para las partes al momento de firmar el contrato de arrendamiento en el año 2005.
Dirigir la demanda en contra de “todos los ocupantes” no subsana la falta de emplazamiento, pues cuando el objeto del juicio deba hacerse valer frente a varios sujetos, todos ellos deben ser demandados y notificados.
