La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad protege en su artículo 1 a quienes tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Ninguna disposición de la normativa limita el alcance de la obligación de seguro y de la protección que esta obligación pretende conferir a las víctimas de accidentes causados por vehículos a los casos de utilización de estos vehículos en determinados terrenos o en determinadas vías.

Las deficiencias del caso demostraron un flagrante incumplimiento del deber de investigar las graves denuncias de trata de seres humanos, un delito con consecuencias devastadoras para sus víctimas, por lo que se había producido una violación del artículo 4 (aspecto procesal) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Gran Sala declaró por unanimidad que un paciente adulto competente tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento médico, incluido la transfusión sanguínea.

En el caso concreto ha quedado acreditado el riesgo de afectación grave de la salud de las personas por un nivel de ruidos más elevado de lo tolerable y la, al menos, posible lesión de los bienes jurídicamente protegidos -derecho a la integridad física y moral y a la intimidad personal o familiar- que trata de defender el tipo penal de referencia.

Los hechos acreditados constituyen una falta muy grave, teniendo en cuenta, finalmente, que los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura o dirección en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas.

La ejecución de una sentencia que condena a un periódico y a uno de sus periodistas por el menoscabo de la reputación de un club deportivo debe denegarse en la medida en que entrañe la vulneración manifiesta de la libertad de prensa garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La percepción de la indemnización de vestuario a que se refiere la norma pretende compensar a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, por razón de servicio están a obligados a utilizar una vestimenta de paisano acorde con la naturaleza de ese servicio y la entidad de las situaciones y circunstancias que rodean el servicio.

La práctica o norma que está en juego no es neutra, sino única y exclusiva de la condición femenina, pues solo respecto de las mujeres cabe exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales que a la postre, se derivan de las disposiciones en materia de prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia. Se ha violado su derecho de igualdad.

Según la norma, si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a «quórum.» Por tanto, al haberse celebrado la Junta en segunda convocatoria, ésta no estaba sujeta a quórum.