La publicidad en un programa de televisión no puede incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios de productos eróticos que se relacionen con una determinada marca.
El Tribunal autorizó que se exija el documento electrónico en bares, gimnasios y hoteles al concluir que se trata de una mínima restricción de derechos que ofrece mayores beneficios para el interés general.
La Constitución Española impone a los poderes públicos la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, y a la ley penal sancionar los atentados contra dicho patrimonio.
El principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda.
No se puede hablar de un sacrificio desproporcionado cuando la exhibición del certificado se exige para el desarrollo de una actividad de alojamiento donde la entrada o el acceso al establecimiento es voluntaria para cualquier persona y donde la medida cumple una función que no solo es la de evitar contagios, sino también minimizar los riesgos.
Según la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional así como del TEDH, la revisabilidad de la pena es un factor determinante en su legitimidad.
En este caso no concurre la excusa absolutoria en favor de quien comete un delito de propiedad en contra de un familiar, cuando este no implica violencia ni intimidación.
El mantenimiento de la campaña de vacunación lleva aparejados efectos indudablemente más favorables para la protección de la salud pública, que las consecuencias que cabría esperar de la medida formalmente deducida por la actora.
El fallo considera que la restricción de la movilidad nocturna constituye una limitación al derecho a la libre circulación y no una suspensión del mismo.
El pase de movilidad no es idóneo ni necesaria para implementar una medida que restringe el derecho a la intimidad y a la no discriminación.
