La negativa acreditada del trabajador a recibir la carta de despido, cualquiera que sea la forma de manifestarla (rehúse expreso de la comunicación, situación en paradero desconocido, desatención al acuse de recibo) exime de cualquier responsabilidad a !a empresa que actuó con razonable diligencia en el intento de notificación de aquélla.

Determinó que la legislación española no cumple con el artículo 24.b de la Carta Social Europea Revisada, que asegura el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización adecuada u otra forma de reparación en casos de despido sin causa justa. El Comité evaluó que los montos de indemnización previstos por la legislación nacional no son suficientemente altos para cubrir el daño de manera proporcional y adecuada.

El lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable. El hecho de que una especie animal pueda ser objeto de medidas de gestión no implica que su estado de conservación sea favorable.

La libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial esta reforzada, aunque no es ilimitada. Las expresiones o términos utilizados en sus escritos procesales referidos a la parte contraria no pueden sobrepasar ciertos límites debiendo enjuiciarse su legitimidad atendiendo al contexto en el que se ejerce y la funcionalidad que persigue.

No se acredita el perjuicio que haya sufrido la acusación particular por la no presentación de la contestación escrita en plazo. En relación con el delito de falsedad documental, la alteración que se recoge en los hechos probados, no lo es de un requisito o elemento esencial en la sentencia del a quo, pues al no tener consecuencias sobre la parte dispositiva de la resolución alterada, bien se podría no haber puesto.

No habría sido posible celebrar un juicio en ningún caso, porque las autoridades estadounidenses no hubieran entregado a los militares acusados ​​y la ley española no autorizaba sentencias en rebeldía; y no se excluía la reapertura del procedimiento en el caso de que el imputado ingresara en la esfera de jurisdicción de España viajando a ese país. Por último, el demandante podría haber iniciado una acción civil al margen del proceso penal.

El legislador ha querido que, si la causa del resultado lesivo pasa por la conducción de vehículos a motor y, además, se incurre en la conducción con velocidad excesiva o con influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, no sea necesario hacer una valoración de las circunstancias concurrentes para afirmar la gravedad de la imprudencia. La gravedad de la imprudencia se presume normativamente.

Conforme la buena fe exigible con arreglo a la normativa aplicable, si el demandado entendía que los servicios no eran correctos, o que podía obtener más, o conseguir más con otro letrado, dicha buena fe exigible llevaba a que se negara a recibir la oferta, o pidiera tiempo para decidir si la aceptaba o no, a pedir una segunda opinión profesional, nada de lo cual hace, sino que acepta la oferta y acude a firmar.

El empresario ha vertido expresiones injuriosas a la trabajadora en el ámbito laboral, pues aun estando de baja médica, aquéllas expresiones están directamente relacionadas con el trabajo, precisamente dudando de la enfermedad que la mantenía en situación de incapacidad y desprestigiando delante de amigos y conocidos a la trabajadora.

El acusado fue quien redactó la providencia a firmar por el concejal, con pleno conocimiento de la irregularidad de la resolución y tanto es así que conocía la inexistencia de procedimiento administrativo alguno es por lo que acudió a otro procedimiento administrativo, éste sí regular y existente en materia de personal, para redactar la resolución que pasó a la firma del concejal.