No se advierte como la medida de suspensión menoscaba el derecho a la educación y el derecho de propiedad de su derecho a la educación que la estudiante alega haber sufrido, toda vez que fue ella quien se colocó en la situación antirreglamentaria que provocó la sanción aplicada.
El derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad se encuentra estrechamente ligado a la protección de su voluntad. Por lo cual, al ser sujetos de plenos derechos, que gozan de una especial protección constitucional, lo que se debe buscar es reemplazar los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas por sistemas de apoyo para la adopción de la decisión.
De los antecedentes conocidos aparece que el colegio siguió el protocolo de acoso escolar previsto conforme a su Reglamento, sin que aparezca como notorio o patente la insuficiencia, falta de idoneidad o tardanza de las medidas adoptadas en su ejecución.
El recurrente puede no compartir o cuestionar el referido plan, pero no por ello se debe concluir que su contenido afecte las garantías constitucionales del derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley de los niños y niñas.
El ministro de Educación, Nicolas Cataldo, y la subsecretaria del área, Alejandra Arratia, participaran de esta Jornada sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el fin de erradicar el acoso escolar.
Las medidas de suspensión temporal y la de cambio de curso son medidas cautelares en favor del alumno afectado y no sanciones, sin que ellas puedan considerase ilegales o arbitrarias.
Ningún establecimiento educacional puede asignar cupos sin respetar el orden de inscripción que impone el SAE, sus procesos y mecanismos, por lo que el colegio pretendido por el recurrente, no tiene potestad sobre la inscripción y matrículas así como tampoco puede alterar o manipular la lista de espera.
La Segunda Sala concluyó que el requerimiento carece de fundamento plausible o razonable al estructurarse a partir de alegaciones conocidas y desestimadas previamente sin que se agreguen nuevos argumentos que justifiquen un análisis distinto al ya realizado o que del caso concreto surjan antecedentes diversos.
Procede la celebración de convenios para el uso de ciertas instalaciones de establecimientos educacionales, a cargo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, para el desarrollo de actividades comunitarias o de interés general, siempre que no se afecte la prestación del servicio educacional.
Hoy la ley penaliza la comercialización de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías al interior de estos establecimientos. El senador Castro aseguró que “la moción también apunta a limitar la publicidad de estos alimentos”.
No obstante, ante la ausencia transitoria de un docente, los asistentes de la educación profesionales, preferentemente psicopedagogos, podrán ser destinados a cubrir una determinada clase.
