La magistratura estimó que la empresa no adoptó las medidas de seguridad necesarias, para cumplir con su deber de resguardo respecto del vehículo del demandante, que sufrió el robo de un instrumento de medición desde su camioneta mientras el vehículo se encontraba estacionado en dependencias de la demandada.
La franja de terreno ubicada en el borde costero de la ciudad fue otorgada en concesión a la Municipalidad, pero expiró.
No se advierte ilegalidad en el actuar del Municipio, ni en el contenido de la respuesta consignada en el acto impugnado, de modo que no se vulneró el principio de legalidad, en ninguno de los aspectos señalados por la reclamante.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y condenó a la empresa demandada al pago de $6.080.000 por concepto de daño emergente y confirmó la multa de 250 UTM a beneficio fiscal dictada por el 2° Juzgado de Policía Local de San Bernardo.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda de protección de interés colectivo.
