Una inmunidad absoluta no logra conciliar adecuadamente los principios constitucionales que protegen la autonomía legislativa, como la soberanía parlamentaria y el privilegio parlamentario, y los principios que exigen que el gobierno rinda cuentas por infringir los derechos de la Carta, como la supremacía constitucional y el estado de derecho.
Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, por lo que no pueden ser convalidados respecto de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, y dar lugar a ello implica una indemnización desmesurada en favor del funcionario.
Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que una de las problemáticas que deben enfrentar las mipymes es la falta de información adecuada, ya sea para acceder a ciertos beneficios del Estado, para constituirse como sociedades o para conocer sobre normativa laboral, tributaria o comercial.
Sobre los procedimientos contenciosos administrativos, la Corte Suprema ha advertido que la proliferación de los mismos, refrendada en un enorme cúmulo de reglas de procedimiento dispersas en el ordenamiento, conspira en contra de la igualdad y certeza jurídica, proponiendo que, a falta de tribunales especiales radicados en el Poder Judicial, debiera seguirse un procedimiento unificado, cuyos parámetros se expusieron en dicha ocasión.
En el acuerdo, aprobado por la Sala de la Cámara, se alerta respecto de la forma en que se está ejecutando el convenio “Más amplitud, más voces, más democracia”, por la participación de personas que pueden afectar derechos como la libertad de expresión.
La autoridad insistió en que el trabajo en la macrozona sur debe apuntar a revertir la ausencia de Estado y el uso de la causa mapuche para la comisión de delitos que nada tienen que ver con ella.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
Se deben incorporar al texto constitucional otros principios; el de generalidad de los tributos, de la capacidad contributiva: de justicia o equidad vertical, de la no confiscatoriedad de los impuestos, de neutralidad y de simplificación, modernización, eficiencia y certeza jurídica.
Establecer un Estado Social y Democrático de Derecho, pasar a un semipresidencialismo, crear la figura de un primer ministro, darle al Presidente la facultad de disolver el Congreso y reducir el periodo de los senadores a cuatro años, son algunas de las propuestas para una nueva Constitución que presentaron los presidentes del PS, el PR y el PPD y que coordinaron con una serie de académicos.
El sueldo máximo será igual al del Presidente de la República.
