Cuando la Comisión analiza la situación del Poder Judicial (dedica buena parte del Informe a ello), constata que la valoración de la independencia judicial no es especialmente alta entre la ciudadanía y que no se ha tomado medida alguna para disociar en el tiempo el mandato del Fiscal General del Estado y el del Gobierno. Es cierto que es la propia Constitución quien establece tal coincidencia temporal, pero podrían incluirse medidas de refuerzo de la independencia del Fiscal General en una reforma de su Estatuto y con la prohibición de que quienes hubieran ocupado un cargo político en los últimos años pudieran ser designados para ejercer tales funciones.