Fue declarado culpable de 23 asesinatos y de otros ilícitos. Su detención se produjo en el marco de la ofensiva que el presidente Nayib Bukele está llevando a cabo contra las bandas delictuales de su país, por la que ha recibido numerosas críticas de parte de organizaciones de derechos humanos.
Al decretarse el abandono del procedimiento se incurrió en error de derecho, toda vez que se aparta de la hipótesis que cimenta dicha figura jurídica, destinada a sancionar al litigante negligente, lo que no ocurrió en la especie.
La iniciativa establece una nueva duración, por un término de 60 días, asumiendo que tal espacio de tiempo permitiría mejorar la efectividad de la respuesta estatal ante las graves vulneraciones a la seguridad pública.
Fue dictado en razón de la grave conmoción interna que afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, y que ha puesto en aprietos al gobierno del Presidente Guillermo Lasso.
El proyecto de ley busca aportar a la descentralización en la toma de decisiones, al entregar mayor capacidad a las regiones.
Se debe considerar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°21.226 y el artículo único de la Ley N°21.379, que no admite interpretación diversa en la materia.
No describe expresamente una conducta, tal como lo exige el artículo 19, N° 3, inciso noveno, de la Constitución.
La actora confundió los términos de prórroga y suspensión de la caducidad de la acción.
Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados para ejercer las funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, que la norma indica.
Lo que mereció censura constitucional no fue la duración de la prórroga, por sí sola, sino el carácter no razonable o infundado de la decisión por la que se fijó tal plazo.
Normas sobre las cuales emite pronunciamiento son declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
