La medida se aplicará a las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Durante un arduo debate en Sala se reconoció que la acción “no es sufriente” y se lamentaron las pérdidas humanas y los actos de violencia.
Las fuerzas armadas deben restringir su intervención a operativos en los que ellas cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la policía nacional, siempre que se encuentre suficientemente justificada.
El propósito de la reforma constitucional es enfrentar con mayor eficiencia situaciones que puedan constituir una grave alteración al orden público, con una extensión que se ajuste a realidades más complejas.
El control de constitucionalidad del estado de excepción debe verificar que el mecanismo cumpla los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad.
La ley excluye los casos en que el transcurso del plazo de prescripción de la acción estaba pendiente al momento en que se declaró el estado de excepción.
En el actual contexto, el abandono del procedimiento sólo es procedente si el término de seis meses se contabiliza a la luz de la Ley 21.226, cuestión que no aconteció en la especie.
Al no notificarse la resolución que recibe la causa a prueba, no ha comenzado a correr el término probatorio y, por tanto, no procede la pretendida suspensión del procedimiento.
Los fondos extraordinarios tuvieron por finalidad solventar los mayores gastos que los municipios han debido realizar en el ámbito de sus funciones, lo que no incluye la intervención del personal militar.
Los Tribunales de Justicia están impedidos de inmiscuirse en las resoluciones facultativas del Poder Ejecutivo.
La presente prórroga sería la quinta a efectuarse desde la instauración del estado constitucional, en marzo de 2020: tres por la vía administrativa y dos por medio de autorización del Congreso Nacional. En su intervención, el Ejecutivo observó la necesidad de continuar con las medidas sanitarias y restrictivas, pero se abrió a efectuar cambios en sus consideraciones.
