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El Estado de Utah fundamentó su posición en una interpretación particular del acuerdo de incorporación de Utah a la Unión en 1896. En ese momento, el Estado aceptó renunciar a todos los derechos sobre las tierras públicas no apropiadas dentro de sus fronteras como condición para adquirir la categoría de Estado. Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno federal, sostuvo que esta renuncia excluye cualquier posibilidad de reclamo sobre las tierras en cuestión.