Assange, quien fundó WikiLeaks en 2006, una plataforma dedicada a la publicación de documentos clasificados filtrados, incluyendo cables diplomáticos y material confidencial de defensa, enfrentaba originalmente 18 cargos en Estados Unidos relacionados con la obtención y difusión de filtraciones de información militar y de inteligencia.
Se alega que Pfizer promocionó la vacuna como eficaz contra las variantes del COVID-19, pese a que los datos disponibles indicaban que la eficacia era inferior al 50%. Finalmente, se aduce que Pfizer hizo declaraciones falsas respecto a la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisión del virus.
Los demandantes fueron detenidos en la sección de «lugar duro» de Abu Ghraib, donde se aplicaron técnicas de interrogatorio severas. Alegan que CACI es responsable de conspiración para cometer torturas y crímenes de guerra.
La autoridad regulatoria proporcionó estimaciones detalladas de las emisiones y sus potenciales riesgos, asegurándose de cumplir con los requisitos legales pertinentes. La Corte consideró que este nivel de análisis era adecuado y suficiente para cumplir con los estándares regulatorios.
La Corte afirmó que las objeciones de los demandantes eran de naturaleza legal, moral, ideológica y política, y que no constituían un daño directo que justificara la intervención de los tribunales federales. En el fallo se subrayó la importancia del concepto de legitimación activa para filtrar demandas basadas en objeciones generales a acciones gubernamentales.
Alegan haber sido despedidos ilegalmente tras colaborar en la carta abierta que criticaba las irregularidades dentro de la empresa. Las conductas descritas en la demanda incluyen el supuesto trato a las mujeres como objetos sexuales, el uso de bromas sexuales lascivas en el entorno laboral y la respuesta de que “quienes no estuvieran de acuerdo con el ambiente podrían buscar empleo en otro lugar”.
Cuestionan la medida aduciendo que la prohibición de asilo infringe el derecho fundamental a buscar protección, reconocido tanto por la legislación nacional como internacional. Los críticos sostienen que la política aumentará la vulnerabilidad de los migrantes y añadirá presión al sistema de asilo de México.
La Comisión recuerda la obligación de Estados Unidos de identificar adecuadamente las personas migrantes que tengan necesidades de protección. Para ello, las autoridades deben garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo, la prohibición de expulsión colectiva de solicitantes de asilo y el respeto al principio de no devolución.
Los educadores están mejor posicionados que los jueces federales para decidir qué contribuye a un ambiente propicio para el aprendizaje. Por tanto, la interpretación y aplicación del código de vestimenta, incluidos los estándares comunitarios, corresponde a los administradores escolares.
El magistrado analizó las ventajas y las desventajas del uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial, destacando su capacidad para interpretar lenguaje ordinario y contexto, su accesibilidad y aparente transparencia, así como sus ventajas sobre métodos interpretativos tradicionales. No obstante, también subrayó posibles desventajas.
El senador patrocinante del proyecto adujo que los antecedentes actuales indican que las características de las redes sociales están diseñadas para fomentar la interacción constante de los usuarios, lo que puede incluir la exposición de menores a contenido perjudicial para ellos.
