Los Estados demandantes, respaldados por fiscales generales de otras jurisdicciones y varias organizaciones de derechos humanos, alegaron que la medida viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda establece que todas las personas nacidas en el territorio de los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.
La demanda presentada por el exmilitar se originó tras la emisión de un segmento televisivo en 2021, en el programa The Lead de CNN. En dicho segmento, se presentó al demandante como un individuo que presuntamente cobraba tarifas «exorbitantes» a personas afganas que deseaban escapar del país durante el proceso de retirada de tropas estadounidenses en Afganistán.
Los actores solicitan al tribunal que suspenda las actividades de DOGE, ordene la publicación de sus registros y prohíba a la administración Trump implementar las recomendaciones del comité hasta que cumpla con los requisitos de la FACA.
La demanda sostiene que las medidas generan un impacto negativo en las economías de los estados involucrados, además de contravenir los intereses económicos y ambientales que, según los demandantes, el Congreso reconoció como prioritarios al momento de promulgar la citada legislación.
La popular red social anunció que cesará sus operaciones hoy si no recibe garantías de que no será penalizada bajo la ley que exige su venta. La Corte Suprema y la presión política complican su futuro en el mercado estadounidense.
Los demandantes argumentan que ha habido una infracción, ya que OpenAI habría extraído y utilizado el contenido de manera que omite detalles identificativos, como la autoría y la publicación, y que los modelos de lenguaje generativo reproducen fragmentos de los datos sin una comprensión auténtica.
Los defensores del proyecto sostienen que la normativa busca preservar la integridad de los deportes femeninos y evitar que hombres compitan en estas categorías, afirmando que ello protege tanto la seguridad como la equidad en las competencias deportivas.
La propuesta se alinea con las normativas anteriores de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, que en octubre de 2022 emitió una regulación inicial enfocada en las exportaciones de artículos avanzados de computación y fabricación.
El informe aclara que, conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente. No obstante, señala que las pruebas recopiladas eran, a juicio de la Fiscalía, suficientes para sustentar una acusación y obtener una condena en juicio.
En la medida en que los demandados tengan alguna autoridad residual, ciertamente no tienen poder para suplantar la voluntad del electorado estatal a favor de la suya propia. Si bien decidimos este caso según la doctrina de la supresión, amonestamos enérgicamente a los demandados por exceder su autoridad según la Constitución estatal.
El texto es considerado una reacción a la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha mantenido una posición de constante de rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre Israel.
