La propuesta se alinea con las normativas anteriores de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, que en octubre de 2022 emitió una regulación inicial enfocada en las exportaciones de artículos avanzados de computación y fabricación.

El informe aclara que, conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos, un presidente en funciones no puede ser procesado penalmente. No obstante, señala que las pruebas recopiladas eran, a juicio de la Fiscalía, suficientes para sustentar una acusación y obtener una condena en juicio.

En la medida en que los demandados tengan alguna autoridad residual, ciertamente no tienen poder para suplantar la voluntad del electorado estatal a favor de la suya propia. Si bien decidimos este caso según la doctrina de la supresión, amonestamos enérgicamente a los demandados por exceder su autoridad según la Constitución estatal.

El texto es considerado una reacción a la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha mantenido una posición de constante de rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre Israel.

En su solicitud judicial, el Departamento de Justicia busca obtener una orden que prohíba a las empresas demandadas continuar con las prácticas señaladas o implementar mecanismos similares en el futuro. Según el escrito de la demanda, estas medidas buscan restablecer las condiciones de competencia en el mercado de alquiler de bienes inmuebles residenciales.

El proyecto de ley, conocido como HR29, lleva el nombre de Laken Riley, una ciudadana que fue asesinada en Georgia, en 2024. El autor del delito fue un inmigrante venezolano que había ingresado al país sin documentación legal y tenía antecedentes por hurto en tiendas. El caso fue citado como justificación para la propuesta de ley por parte de sus promotores.

El juez permitió que tanto él como los fiscales y testigos utilizaran los dispositivos para evaluar el relato del acusado. La experiencia fue utilizada específicamente en el contexto de una audiencia previa al juicio destinado a determinar si los cargos debían ser desestimados. Sin embargo, el juez no llegó a decidir si este tipo de tecnología podría ser admitida frente a un jurado en una etapa posterior del proceso.

El caso se originó en 2024, cuando un gran jurado declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La fiscalía presentó pruebas que sostenían que los pagos realizados por Trump formaban parte de un plan para suprimir información que podría haber perjudicado su campaña electoral de 2016.

Rechazó el argumento de Trump de que la demanda por difamación no estaba basada en la presunta agresión sexual, sino en declaraciones posteriores. El tribunal interpretó que una acción puede considerarse “basada en agresión sexual” siempre que derive de los hechos relacionados con dicha conducta, independientemente de la tipificación de la demanda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la decisión del presidente Biden de conmutar 37 penas federales de muerte, pero manifiesta su preocupación por las 25 ejecuciones realizadas en 2024 y reitera su llamado a abolir la pena capital.