Desestimó el argumento de que la ley violaba la cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, se determinó que la prohibición de procedimientos de transición de género no constituye discriminación basada en el sexo, dado que la normativa se aplica por igual a menores de ambos géneros.

Los actores solicitan al tribunal que emite una orden judicial que declare inconstitucional la prohibición de las 15 semanas y que asegure que no podrá ser aplicada ni por los futuros fiscales generales, ni por los fiscales locales, ni por la junta médica estatal.

Fue asesinado el 21 de febrero de 1965 mientras daba un discurso en Nueva York. Aunque tres individuos fueron inicialmente condenados por su muerte, investigaciones recientes derivaron en la exoneración de dos de ellos en 2021, lo que reavivó el debate sobre las verdaderas circunstancias del homicidio y una presunta conspiración.

La demanda detalla cómo los daños ambientales relacionados con el cambio climático, tales como la lluvia ácida, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, han afectado al Estado. En este contexto, el fiscal argumenta que las empresas demandadas podrían haber previsto razonablemente estos daños, pero no adoptaron medidas para mitigarlos.

Los procesos pueden interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, el fiscal solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio de que puedan ser retomados en el futuro si las circunstancias lo ameritan.

Establece un procedimiento previo a la designación, mediante el cual el Secretario del Tesoro debe emitir un aviso escrito dirigido a la última dirección registrada de la organización. Este aviso deberá incluir la designación prevista, los nombres de las organizaciones a las que se alega que se brindó apoyo y una descripción del material de apoyo proporcionado.

En el documento presentado, el DOJ destacó que estas medidas tienen como objetivo establecer restricciones para evitar acuerdos anticompetitivos entre Google y fabricantes de dispositivos o computadoras, limitar el uso de inteligencia artificial en favor de productos propios y abordar otras prácticas que perpetúan el dominio de Google.

La aprobación de la ordenanza se da en respuesta a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera.

La apelación fue presentada por funcionarios del Estado de Luisiana, quienes argumentaron que la orden judicial inicial excedía su ámbito al incluir a todas las escuelas públicas del estado en lugar de limitarse a los distritos escolares que fueron objeto de la demanda.

Solicita que el tribunal declare estas acciones como violaciones a los derechos civiles y se busca la concesión de daños nominales y punitivos. Además, requiere una evaluación judicial que garantice la neutralidad de FEMA en futuras operaciones de asistencia, independientemente de las preferencias políticas de los beneficiarios.