La reacción que ha tenido el Estado frente a las fuerzas de Orden y Seguridad por su rol en el estallido social ha diferido sustantivamente del enfoque tomado con las personas que delinquieron en esa misma época y cometieron actos de violencia, fundamentalmente por un enfoque político.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.

La falta de fundamentación alcanza a la distinta vara con que el tribunal mide a los testigos de la defensa en comparación a la prueba testimonial de cargo, no siendo correcta la diferencia de ponderación entre una y otra prueba.v

La propuesta, originada en mociones parlamentarias y aprobada por la Comisión de Desarrollo Social, propone cambios al actual sistema que utiliza el Estado para otorgar pensiones de gracia.

La Octava Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción constitucional de protección, al no constituir el recurso de protección la vía idónea para impugnar lo aseverado por la legisladora, a través de redes sociales.

Se debe proporcionar una reparación adecuada a todas las personas que sufrieron daños en el contexto de las protestas.

En medio de una manifestación pacífica -llevada a cabo en el contexto del estallido social en octubre de 2019-, los uniformados llegaron al lugar y redujeron a la víctima, golpeándolo reiteradamente con pies y puños en su cabeza, provocando lesiones graves gravísimas, así como padecimientos neuronales permanentes en el ofendido.

En medio de una manifestación en octubre de 2019, el acusado disparó su arma antimotines desde el carro lanza aguas, provocando múltiples lesiones a la víctima, que producto de dichas heridas perdió la visión del ojo izquierdo. Los jueces estimaron que el fallo absolutorio vulnera el principio de no contradicción, al asignar valor a la declaración de la víctima, y a continuación, desestimarla para absolver al imputado.

La iniciativa tiene como objetivo recordar que la delincuencia y la odiosidad no pueden ser legitimados como medios de acción política para lograr cambios y que la delincuencia debe ser condenada en todas sus formas y por todos los actores del mundo político para resguardar los valores democráticos.

La mayoría (2.252) corresponden a apremios ilegítimos, seguidos por torturas (582), violencia innecesaria (223) y otro tipo de vulneración (159).