En medio de una manifestación pacífica -llevada a cabo en el contexto del estallido social en octubre de 2019-, los uniformados llegaron al lugar y redujeron a la víctima, golpeándolo reiteradamente con pies y puños en su cabeza, provocando lesiones graves gravísimas, así como padecimientos neuronales permanentes en el ofendido.

En medio de una manifestación en octubre de 2019, el acusado disparó su arma antimotines desde el carro lanza aguas, provocando múltiples lesiones a la víctima, que producto de dichas heridas perdió la visión del ojo izquierdo. Los jueces estimaron que el fallo absolutorio vulnera el principio de no contradicción, al asignar valor a la declaración de la víctima, y a continuación, desestimarla para absolver al imputado.

La iniciativa tiene como objetivo recordar que la delincuencia y la odiosidad no pueden ser legitimados como medios de acción política para lograr cambios y que la delincuencia debe ser condenada en todas sus formas y por todos los actores del mundo político para resguardar los valores democráticos.

La mayoría (2.252) corresponden a apremios ilegítimos, seguidos por torturas (582), violencia innecesaria (223) y otro tipo de vulneración (159).

El recurrente insistió que el acto por el que se notificó de dicha resolución, interrumpió el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil al ser una gestión útil para hacer avanzar el juicio, por tanto, la posterior notificación al demandante fue dentro de plazo, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, que hizo notar la falta de diligencia para notificar oportunamente a la contraparte.

Asimismo, Bustos dio a conocer por qué consideran que se debe imputar a los altos mandos de Carabineros, entre los cuales, apuntó al General Director, el Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros de ese entonces.

El IND fue condenado a pagar el total del presupuesto del contrato, al proveedor de los alojamientos y la alimentación para la final de las “Ligas Deportivas de Educación Superior”, que se celebrarían entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2019. La magistratura estimó que el ente incumplió el contrato al no terminarlo anticipadamente, estando en conocimiento de que el evento no se realizaría debido a la crisis social que atravesaba el país en ese momento.

Solicita que se ordena a la senadora emita un comunicado de disculpas públicas en el que reconozca que, con sus declaraciones, ha vulnerado sus derechos constitucionales.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que 17 pensiones fueron entregadas por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras que cerca de 23 se concedieron en la actual administración.

Entre los invitados a la comisión investigadora estuvo el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien relató parte del proceso de asignación de estas pensiones y las normas legales que la sustentaron. También participaron de la sesión representantes del Ministerio del Interior y la directora del INDH, Consuelo Contreras.