La propuesta iniciada en el Senado, nació en el marco del 18-O, por lo que su fin es sancionar a los responsables de la quema de autobuses, la destrucción de vagones de metro y otros actos de violencia.
La responsabilidad del Estado emana del actuar doloso de un funcionario de Carabineros en servicio que disparó la carabina lanza gases que portaba, al rostro de la víctima, sin respetar la normativa vigente en relación a los protocolos del uso de armas.
En la especie, el arrendatario abandonó un local comercial luego de que una turba de manifestante lo saqueara durante los acontecimientos ocurridos en el “estallido social”, hecho imprevisible que autorizó al arrendador a retener el mes de garantía, por lo que el fallo de primera instancia que ordenaba su restitución adolece de ultra petita.
La exposición afecta directamente la apreciación que la sociedad tiene respecto de él, limitando gravemente sus posibilidades de interacción social en su nuevo espacio de desarrollo profesional, expone la madre.
En el fondo se nos dice que hubo intención de causar sufrimiento porque las víctimas sufrieron, es decir, para el tribunal basta que hayan sufrido para entender que esa fue la intención del agente, ¿por qué?, no se sabe.
Los acusados Ghislaine Monserrat Reyes Gazzo y Luis Alberto Arancibia Saldaña, suministran a la asociación instrumentos para cometer los ilícitos y medios logísticos tales como botellas, combustible, domicilios para fabricar y acopiar bombas molotov, máscaras antigases, resorteras, escudos, fuegos artificiales y dinero que obtenían y también transferían a cuentas Rut para la compra de combustible y otros insumos
En caso de que no poseer todos los antecedentes requeridos deberá explicar detalladamente tal circunstancia.
No se advierte contaminación por parte del tribunal en la valoración de la prueba que diga relación con una posición política y social.
Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos ya proporcionó los informes remitidos por el Ministerio de Justicia a la ACNUDH, en el marco de sus recomendaciones por el estallido social del 2019.
No corresponde estimar que las declaraciones del Contraalmirante Parga vulneren el deber de obediencia, pues no se manifestó en contra de una decisión de la autoridad civil a la que se subordina, más bien se enmarcaron en el deber de brindar defensa jurídica a su personal.
